Política fiscal: fin del ajuste y cambio con sesgo expansivo

Sin demoras, y con el objetivo de estimular la demanda agregada, las cifras de enero muestran un cambio radical en la política fiscal, consistente con el discurso del presidente Fernández y el ministro Guzmán. El gobierno dio un giro y alineó la política fiscal con el resto de la política macroeconómica que busca empujar el gasto agregado y “encender la economía”.

Luego de doce meses de mejoras consecutivas, el resultado fiscal mostró el primer deterioro interanual. Luego de veintitrés meses de esfuerzo fiscal donde el gasto público primario creció por debajo de los ingresos, el gasto volvió a crecer por encima de los ingresos (50,6% versus 23,0% a/a). Y tras veintiocho meses donde el gasto primario cayó a un ritmo de alrededor del 10% real interanual, en enero cayó apenas -1,5% a/a. De hecho, el gasto primario real no aumentó 2% a/a porque el gasto de capital, en lugar de mantenerse en términos reales, cayó 57,7% a/a, ya que, como suele suceder, los funcionarios todavía no terminaron de encender toda “la botonera”.

Este giro en la política fiscal y cambio en la política económica puede analizarse más detalladamente en el comportamiento de las cuentas fiscales de enero.

Primero, en un gasto primario que creció 50,6% a/a y registró una fuerte aceleración con relación a todo 2019 (37,2%), aun cuando los ingresos mostraban una floja performance y ello llevaba a un deterioro del resultado fiscal primario. O sea, el gobierno optó por hacer política fiscal expansiva para reactivar la economía en lugar de continuar con la política de austeridad fiscal de cara al inicio de las negociaciones con los acreedores externos.

Segundo, en los componentes del aumento del gasto, donde quedaron reflejadas las prioridades. En la política de gasto sobresalió el fuerte crecimiento de las prestaciones sociales (62,1% nominal y 6,0% a/a real) producto del otorgamiento del bono de $5.000 a los 4,5 millones de jubilados y pensionados y la puesta en marcha del programa de tarjetas alimentarias en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, como también las mayores transferencias a las provincias (76,6% a/a donde las más beneficiadas fueron las provincias de San Juan, Chaco, Formosa, Provincia de Buenos Aires y Tucumán, entre otras) y al incremento otorgado a las universidades nacionales (70,7% a/a).

En cambio, el fuerte crecimiento de los subsidios económicos (76,4% a/a), especialmente a la energía (125,5% a/a), respondió al bajo gasto realizado en enero de 2019 (ya que se adelantó gasto a diciembre 2018 para mostrar una mejora fiscal en 2019 y por eso el gasto en enero de 2019 cayó a $8,2 miles de millones) y no a una reducción de la deuda exigible con las empresas del sector. De hecho, el gasto promedio mensual en subsidios energéticos fue $18 MM en 2019 y en enero 2020 se gastaron $18,5 MM.

Tercero, en el crecimiento de los ingresos, donde el gobierno se apoyó en los recursos por retenciones sobre las exportaciones, que crecieron 59,8% a/a nominal y 4,5% a/a real, producto de la debilidad del resto de los recursos tributarios (que cayeron a un ritmo del -10,3% a/a real, a un ritmo similar al del año pasado) y en los mayores ingresos por rentas de la propiedad (+119% a/a). Estos son dos componentes de los ingresos que perderán fuerza en los próximos meses.

De mantenerse esta política fiscal es improbable que veamos continuidad del sendero de mejora fiscal que había planeado la administración anterior, que preveía pasar del déficit primario actual 0,5% del PBI a un superávit de 1,0% en 2020, hasta alcanzar 1,3% en 2024. El compromiso del ministro de Economía de converger a un resultado primario equilibrado recién en 2022/2023 y el comportamiento reciente de las cuentas públicas indicarían que vamos a un 2020 con un déficit primario en torno al 1% del PBI, con un gasto primario que no caerá en términos reales. De ser así, cabría esperar algo más de repunte económico y más inflación en el corto plazo, con probable agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos y con mayor necesidad de intervención estatal.