En abril, la tasa de inflación mensual resultó del 6,0%, con lo cual registró una ligera caída respecto del “pico” observado en marzo (6,7%), mes en el cual impactó de manera plena la suba abrupta de los precios de los commodities agrícolas y energéticos a nivel global como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.

Sin embargo, pese a esta caída, la tasa de inflación continuó ubicándose en los niveles más altos de los últimos veinte años, con los precios corriendo a una velocidad interanual del 58,0% en abril y prolongando la tendencia alcista observada al cierre de 2021 (50,9% dic/dic) y de 2020 (36,1% dic/dic).

Los relevamientos de precios de alta frecuencia muestran una reducción adicional de la tasa de inflación en mayo, tal como ocurrió luego de los “picos” inflacionarios gatillados por las correcciones cambiarias de 2015, 2018 y 2019. De modo que, pasado el fuerte impacto inicial del shock de precios externos y sin una corrección cambiaria, es probable que veamos un proceso desinflacionario no tan diferente al de los shocks inflacionarios de:

• 2015, cuando la inflación tras pegar un salto al 6,5% por la megadevaluación asociada a la salida del cepo cambiario cayó 2,4 puntos porcentuales a 4,2% en el mes siguiente para descender luego al 3,1% en el segundo mes post ajuste cambiario.
• 2018, cuando alcanzó un pico del 6,5% también por un salto cambiario y luego disminuyó 1,1 p.p. a 5,4% en el mes siguiente y a 3,2% en el segundo mes posterior.
• 2019, cuando trepó a un máximo del 5,9% también por una corrección cambiaria y después cayó 2,6 p.p. a 3,3% en el mes siguiente, para luego subir a 4,3% en el segundo mes (por una suba puntual de precios estacionales y de algunos precios regulados como los combustibles).

No obstante, es probable que esta reducción esperada de la tasa de inflación resulte sustancialmente más moderada que en los casos anteriores, básicamente por tres factores:

1. El componente inercial del proceso inflacionario actual, donde una tasa de inflación persistentemente elevada pasó a incorporarse en las decisiones de precios de familias y empresas que, sin cambios de expectativas, lleva a que las actuales decisiones actuales de precios se hagan habituales y tiendan a perpetuarse en el tiempo, lo cual se percibe más nítidamente en el componente núcleo de la inflación, donde luego del pico realizado en marzo hizo un nuevo máximo en abril del 6,7%.
2. Una política macroeconómica con fuerte sesgo inflacionario, donde el programa acordado con el FMI preserva ese sesgo, que se refleja en, por ejemplo, (i) la inexistencia de una meta techo de expansión monetaria en el acuerdo (sólo incluye una meta techo de emisión para financiar al fisco, pero no sobre el resto de los factores de expansión monetaria); (ii) una expansión monetaria de $611 miles de millones para financiar al fisco entre abril y mayo último (equivalente al 18% de la base monetaria); y (iii) un crecimiento del gasto primario nominal del 75% interanual en los primeros cuatro meses del año.
3. El desanclaje de las expectativas de inflación de las familias y empresas que se refleja en un fuerte incremento de la tasa de inflación esperada para 2022, que trepó del 54,8% al 72,6% dic/dic entre fines del año pasado y mayo último, y de las demandas salariales, que pasaron del 49% al 63% en el mismo período.

Sin reacción y sin amortiguadores

Sin respuestas de política económica contundentes del Gobierno frente al reciente incremento de precios -sean heterodoxas u ortodoxas- que apunten a revertir o, al menos, moderar el reciente aumento de las presiones inflacionarias, luce improbable que la tasa de inflación disminuya significativamente en el futuro próximo. Menos aún, cuando no se vislumbran decisiones que busquen quebrar las elevadas expectativas y, de esa forma, influir en las decisiones de precios y salarios de las familias y empresas.

En rigor, las decisiones recientes del Gobierno convalidan el reciente incremento de precios: (i) al estimular un adelanto de las paritarias y de la suba del salario mínimo; (ii) al anticipar el incremento de los mínimos no imponibles impositivos y de las escalas del monotributo; y (iii) al lanzar el Plan Platita II, lo que implicará una inyección de pesos no menor en el circuito económico. A todo lo cual, además, se le suma el incremento de las jubilaciones y de otras prestaciones sociales fijados por la Ley de Movilidad, que agregarán más nominalidad al proceso inflacionario actual y tendieran incrementar las expectativas de inflación.

Por tanto, cabe esperar un ritmo importante de expansión del gasto doméstico en pesos. Pero en un contexto donde la producción interna crece a un ritmo menor por las mayores restricciones existentes (cambiaria, energética, sequía y de insumos externos por la guerra y China), esta aceleración del gasto doméstico en pesos, si bien puede traccionar la producción local, es claro que también va a provocar un incremento de las presiones inflacionarias y de la demanda de importaciones, que en un contexto de restricciones a las compras al exterior y expectativas de inflación en alza acentuará las presiones inflacionarias.

Por tanto, con continuidad de políticas económicas con sesgo expansivo y con expectativas inflacionarias elevadas, en un escenario relativamente optimista, aun cuando se evitara una megadevaluación, de producirse una dinámica desinflacionaria más moderada que en las ocasiones anteriores, la tasa de inflación podría estar cerrando el año en niveles en torno al 80%, consolidándose así un régimen de más alta inflación y más inestable.