El programa económico del Gobierno se articula sobre la decisión de “encender la economía” y la idea de que ello requiere romper con la lógica de ajuste fiscal impulsada por la administración anterior que agravaba el cuadro recesivo local. La política económica de la gestión anterior buscaba recuperar la confianza de los mercados logrando un superávit primario que haga sostenible la deuda pública. La apuesta era que este esfuerzo fiscal permitiría recuperar el acceso al mercado de deuda para renovar la deuda pública y, de ese modo, hacerla sostenible. Para el nuevo Gobierno, sin embargo, esta estrategia estaba destinada a fracasar. Más ajuste implica más recesión, más recesión menores ingresos fiscales, menores ingresos fiscales más déficit y más déficit llevaba a impulsar más ajuste fiscal, lo que en definitiva terminaba en un espiral recesivo difícil de revertir, es decir, llevando a aplicar un ajuste que “no es económicamente ni políticamente factible”.
Con el propósito de romper con esta dinámica contractiva, el nuevo Gobierno decidió cambiar la lógica de la política económica. La nueva política busca recuperar “espacio fiscal”, para empujar la demanda agregada con política fiscal expansiva (en lugar de contraerla con política fiscal de ajuste, tal como lo hacía la gestión anterior). Por un lado, lo haría generando un alivio de la carga fiscal mediante una reestructuración de la deuda pública, de forma tal de tener margen para aumentar el gasto público. Y, por el otro, mediante la generación de ingresos fiscales (más presión tributaria) para financiar el mayor gasto público.
Como el Gobierno entiende que el multiplicador sobre el nivel de actividad económica de un aumento del gasto público es sustancialmente mayor al de una baja de impuestos (especialmente, si el mayor gasto se inyecta en los sectores de menores recursos con mayor propensión al gasto, o sea, aquellos que no compran dólares), un aumento de la presión tributaria con el propósito de aumentar el gasto resulta eficiente para empujar el nivel de actividad económica.
A su vez, como el Gobierno también es consciente de que una política fiscal expansiva bajo un escenario de restricción crediticia tiene límites, el mix de políticas macroeconómicas expansivas se complementa (y se refuerza) con: a) una política monetaria muy expansiva que apunta a compensar lo que no se puede hacer con política fiscal y b) con otro set de políticas que buscan preservar la estabilidad y nominalidad macroeconómica.
Específicamente, con la política fiscal y monetaria lanzadas, el Gobierno cierra el círculo con políticas cambiarias, salariales y tarifarias que tratan de mantener contenidas las presiones inflacionarias. Esto implica continuidad en el corto plazo del férreo control de cambios heredado de la gestión anterior, de una política salarial que busca convalidar incrementos “que no desestabilicen” (de suma fija), una política tarifaria de congelamiento por 180 días (electricidad, gas y transporte), y una política de precios administrados (que incluye combustibles, “precios cuidados” y otros precios claves que seguramente se irán sumando).
Naturalmente, la acumulación de reservas provenientes del superávit comercial con el férreo control de cambios resulta clave en este esquema, ya que hoy es la principal fuente de financiamiento del Gobierno.
En este marco, el éxito de la reestructuración de deuda será crucial para recuperar oxígeno y facilitar un repunte del nivel de actividad económica y dar mayor continuidad a la política económica del Gobierno, ya que determinará el crédito disponible para el país y la capacidad de impulsar políticas expansivas. Con menor financiamiento, menor será el espacio para impulsar políticas fiscales y monetarias expansivas, con lo cual el riesgo inflacionario será más elevado y mayor será la presión sobre la política de control de cambios, salarial, tarifaria y de precios regulados.
Alternativamente, un escenario de mayor financiamiento ampliará el espacio para impulsar políticas fiscales expansivas, con lo cual la necesidad de forzar políticas monetarias expansivas será menor. Esto permitirá un mejor balanceo entre la política fiscal y monetaria en términos del mix de crecimiento e inflación, con lo cual claramente también será menor la presión sobre la política salarial, tarifaria y de precios. En definitiva, una reestructuración exitosa le brindará más espacio al Gobierno para pensar en una agenda más amplia y abarcativa.
La decisión del Gobierno de iniciar la renegociación de deuda pública priorizando exclusivamente la condición de sostenibilidad (pero sin hacer mención a la condición de aceptabilidad), la intención de generar un espacio fiscal importante para hacer política fiscal expansiva para “encender la economía” (pero reduciendo la capacidad de pago para los acreedores), y el escaso diálogo con los acreedores (y la no búsqueda de asegurarse de las mayorías requeridas en forma anticipada en las asambleas de acreedores) abren un panorama muy incierto, con, como mínimo, muy probable demora en el proceso de reestructuración de la deuda.
Hernán Hirsch
Marzo 17, 2020
